Bienvenido a la Bolsa de Valores de Quito
29 de abril de 2017 12h32
Contacto
Quito
Av. Amazonas N21-252
y Carrión, Edificio Londres
Piso 8
PBX: (593 2) 398 8500
Info: (593 2) 398 8590

Email
Información
Sugerencias
Webmaster

Archivo de la categoría ‘Reforma PFOSB’

Mónica Villagómez: ‘una bolsa pública tendrá un evidente conflicto de interés’.

Hace dos semanas, la Asamblea aprobó la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, un proyecto enviado por el Ejecutivo para fortalecer el mercado de valores en el país. Tras varios intentos, durante los últimos seis años, por formular una legislación en torno a este sector, finalmente se cuenta con un documento con el cual, desde el punto de vista de varios actores, era necesario. Sin embargo, la presidenta del Directorio de la Bolsa de Valores de Quito, Mónica Villagómez, tiene su propia visión sobre el futuro que se viene para las actividades bursátiles.

¿Cuál es su balance de la ley aprobada por la Asamblea el 13 de marzo del 2014?

Lo más rescatable de todo esto es que después de un proceso de prácticamente seis años tenemos reglas claras, porque pasaron demasiados proyectos, con demasiadas expectativas y eso creó nerviosismo en el mercado. Y eso, de alguna manera se vio reflejado en las negociaciones -bajamos un poco- en el mercado nacional. Entonces, más que tener una nueva ley, es tener una ley con reglas claras. Tener el tablero mejor trazado ayudará. Eso sí, tenemos que estar muy pendientes de todo lo que se refiere a la regulación secundaria.

¿Esta ley en vigencia derivará en un mayor número y monto de operaciones?

Me han hecho muchas veces esta misma pregunta. Las leyes no crean mercado y este es un concepto que hay que llevarlo en la cabeza. Las leyes son herramientas que crean un entorno apropiado para que, junto con otros factores como la política macroeconómica, las políticas públicas, las alianzas público-privadas y el mejoramiento profesional privado y público, se vaya concertando un mercado y se lo vaya haciendo surgir.

La anterior pregunta se ha repetido porque desde el Gobierno, quien planteó el proyecto de ley, se dijo que con la aprobación se vienen días mejores para el mercado bursátil, con mayores operaciones…

Tengo que disentir. Esto es un proceso. Lo mismo se pensó con la primera ley de 1993, luego con la de 1998. Y ahora con esta. Lo que se da son las mejores herramientas para que el mercado surja, pero es un proceso que incluye también un proceso cultural.

¿De quién o de quiénes?

De las empresas, de los ciudadanos, de los mismos partícipes del mercado. Esta ley no crea mercado de la noche a la mañana, crea herramientas para que, junto con otros factores, creen, en realidad, un mercado.

El primer paso es que las bolsas se reinventen. Ahora serán sociedades anónimas. ¿Les beneficia o les perjudica?

Esto es bueno. Hasta ahora éramos corporaciones sin fines de lucro, es decir fundaciones. Y ser fundaciones es un limitante, con muchas deficiencias, porque era como una contradicción decir: “corporaciones civiles sin fines de lucro”. Ahora seremos sociedades anónimas, propuesta hecha por la Bolsa de Quito hace más de 12 años. Ser sociedades anónimas nos abre las puertas para mejorar nuestra capacidad de reacción en el caso de necesidades financieras de la institución.

¿Financiamiento externo?

Aquí mismo, con accionistas. La posibilidad de abrir el capital de la Bolsa a cualquier persona, hasta por un porcentaje máximo. Que el ciudadano sea parte de la Bolsa. Ahora habrá un proceso, primero de transformación y, después de unos dos o tres años, vendrá una apertura de capital, y esto es un buen mensaje. Con ello se facilitará cualquier alianza de integración local o internacional y, siendo casi todas las bolsas de la región sociedades anónimas, podremos trabajar con pares y que el día de mañana no nos digan “qué pena, ustedes no pueden repartir superávit”.

¿O podrían venderse las bolsas de Quito y Guayaquil a otras de la región?

Es una posibilidad. Pero, más que venderse -que suena a venderse todo-, que participen en el capital, con las reglas que están.

Durante el tratamiento del proyecto a ustedes les preocupaba mucho la posibilidad de que se cree una bolsa de valores pública. Esto, finalmente, procedió. ¿Todavía les preocupa esa decisión?

La posibilidad de crear una bolsa pública está aprobada en el contexto original del proyecto y no en el contexto que lo discutimos en octubre, que era supremamente amenazante. Allí se determinaba que o las bolsas nos fusionáramos, yéndonos contra todos los principios constitucionales, o nos creaban la bolsa pública. Ahora no, lo que dice la ley es que si las bolsas no cumplimos con nuestras facultades (no dice obligaciones, sino facultades), nos crearán una bolsa pública, si así lo justifican las necesidades particulares y generales del mercado. ¿Cuáles son?, no las conozco. Pero creo que, bien lleguemos a ser una sola institución, bien sigamos siendo las dos de manera competitiva o bien tengamos algún modelo de integración, el que sea, los insumos que tienen las bolsas de valores ecuatorianas, al momento, son muy grandes, tenemos fortaleza, altos estándares, sabemos del negocio. Lo que nos toca es cumplir el reto de una manera mucho más agresiva, usando la palabra ‘agresiva’ en el buen sentido, de abrir la mente, de ser mejores profesionales; entonces, no veo por qué las necesidades individuales o particulares que existan puedan hacer que se cree una bolsa pública, cuando la nuestra puede dar el servicio completo.

¿Tienen temor a un tercer competidor?

La bolsa pública tiene un conflicto de interés de raíz. Primero, el Estado es el regulador del mercado, por eso se crea con esta ley la Junta de Regulación. En segundo lugar, el Estado ejerce el control del mercado, la supervisión, la fiscalización, a través de la Superintendencia de Compañías y de Valores. Y, si se crea una bolsa pública, estaría de gestor del negocio. ¿Cómo va a resolver este conflicto de interés tan evidente? A las bolsas nos llega información que, por ley, no la podemos difundir, puede ser privilegiada, pero hay otra información que la tenemos que difundir y tenemos que jugar con las mismas reglas de juego. Entonces, ¿cómo se van a manejar los conflictos de interés en una bolsa pública? Hacia allá hay que enfocar el tema, no a que venga una competencia más, la competencia es buena, siempre que sea con una base legal igualitaria. Entonces, repito, no enfocaría la pregunta hacia un miedo a la competencia, sino a cómo se va a manejar un conflicto de intereses tan evidente como que el Estado sea regulador, controlador y gestor del negocio.

¿Se fusionarán las bolsas privadas?

No hay un consenso, ha habido varias propuestas, pero son los dueños, como siempre he dicho, de las bolsas de valores, que son las casas de valores, quienes deberán definirlo. Y ahora es el momento de hacerlo, porque ahora tendremos que llamar a una junta general para la transformación a sociedades anónimas y tendremos que ver nuevos modelos para ver cómo sería la integración. Esta ley lo que está proponiendo es la integración a través del sistema transaccional que ya existe, defectuosamente, entonces, tranquilamente podríamos trabajar en el mismo modelo que esta ley propone, mejorándolo.

UN VISTAZO A SU GESTIÓN

Estudios. Doctora en Jurisprudencia por la Universidad Católica de Cuenca). Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

Experiencia. Ex Vicepresidenta de Autorregulación de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ). Presidenta del Subcomité de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB). Ex Presidenta Ejecutiva de la Bolsa de Valores. Catedrática en varias universidades como la Dos Hemisferios y la Universidad de las Américas (UDLA).

“calculo que en alrededor de un año deberíamos estar evaluando resultados de la aplicación de esta ley. creo que Hacerlo antes me parecería un poquito tierno todavía”.

Mónica Villagómez: ‘Con la nueva ley, instituciones públicas reportarán operaciones’.

La presidenta del directorio de la Bolsa de Valores de Quito, Mónica Villagómez, asegura que uno de los puntos importantes de la Ley de Fortalecimiento y Optimización del sector Societario y Bursátil es que se obliga a instituciones públicas a reportar sus operaciones. Aún falta el pronunciamiento del Ejecutivo y la reglamentación, dice.

¿Qué es lo más importante de la nueva ley bursátil que se acaba de aprobar?
Lo más rescatable es que se haya aprobado y se frene así la generación de tantos proyectos, que creaban mala expectativa, inseguridad.

Cómo quedó finalmente la figura de la Bolsa Pública?
La ley tiene cosas positivas, aunque hay cosas que nos gustan menos. Ya no se obliga a la fusión de las bolsas privadas, pero se indica que la Junta de Regulación podrá formar una Bolsa Pública si no cumplimos con las facultades.

Con la Bolsa Pública puede haber menos información sobre las inversiones de las instituciones públicas?
No. Las instituciones públicas tienen que reportar obligatoriamente. Ese es un cambio importante de la ley. Eso nos permite manejar bien las curvas de rendimientos y vectores. La esencia de la Bolsa Pública así como de las privadas es la información.

¿Hay la posibilidad de una mayor integración de las bolsas privadas?
El poder integrarnos está abierto, depende de los dueños de las Bolsas. La integración está basada en el Sistema Único Bursátil. Puede haber mejoramiento, fusión, alianza estratégica, u otros.

Cuál es el problema de que aparezca una tercera bolsa?
La Bolsa Pública puede ser considerada solo un actor que fomente la competitividad. El problema es el conflicto de intereses. El Estado sería el regulador y el gestor del negocio de Bolsa.

Vía libre para la creación de una bolsa de valores pública en el país.

Tras varios intentos, desde el 2008 por reformar la Ley de Mercado de Valores, finalmente la Asamblea aprobó el texto remitido por el Ejecutivo el año pasado.

Con 100 votos a favor, uno en contra y 25 abstenciones, los legisladores dieron el visto bueno a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil. Con ello, se reforman nueve leyes relativas al mercado de valores en el país.

Estas son: la Ley de Mercado de Valores, Código de Comercio, de Compañías, General de Instituciones del Sistema Financiero, Código de Procedimiento Civil, Ley Notarial, Ley de Registro, Ley de Régimen Tributario Interno, reformatoria a la Ley para la Equidad Tributaria en el Ecuador.

Uno de los principales aspectos que incorpora el documento es la creación de una Junta de Regulación del Mercado de Valores, que establecerá la política pública del mercado y dictará las normas para el funcionamiento y control.

Otro aspecto resaltado en la nueva ley es la regulación del funcionamiento de los agentes que trabajan en el mercado: casas de valores, calificadoras de riesgos, bolsas de valores, administradoras de fondos…

El tercer punto clave en este cuerpo legal se refiere a la posibilidad de crear una bolsa de valores pública. Las dos bolsas (Quito y Guayaquil) que operan actualmente son entes privados y con esta ley, primero, deberán constituirse como compañías anónimas, y, segundo, en el caso de que la Junta de Regulación así lo considere, deberán interconectarse con la bolsa de valores pública.

Para el analista financiero Luis Jaramillo, reordenar el mercado bursátil ecuatoriano es positivo y era necesario. Sin embargo, asegura que hay ciertos aspectos que se tendrían que ver cómo se reglamenta.

Uno de ellos es lo relativo a la titularización de proyectos inmobiliarios y a la titularización de derechos existentes generadores de flujos futuros o de proyectos susceptibles de generar flujos futuros determinables.

Este instrumento ha sido uno de los más utilizados por las empresas para fondearse y poder invertir en sus procesos productivos. La ley fija la posibilidad de emitir valores mixtos de participación en proyectos inmobiliarios, por cuanto es necesario que el inversionista que vaya a entregar su dinero se vea atraído y respaldado en la posibilidad de recibir una renta fija preestablecida y una renta variable.

La nueva Ley bursátil contó con el respaldo de cien asambleístas.

La Asamblea Nacional despachó un tema económico justo a tiempo para abordar otro. Ayer, con el visto bueno de 100 asambleístas, se dio luz verde a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil. Horas más tarde, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica.

La ley aprobada crea la Junta de Regulación del Mercado de Valores que estará integrada, únicamente, por representantes del sector público. Otro cambio es la posibilidad de emitir valores mixtos en proyectos inmobiliarios. La ley será enviada al Ejecutivo para su aprobación o veto.

De otro lado, el proyecto de ley para el sector eléctrico plantea reformas que facilitan el cambio de la matriz energética. La Comisión de Desarrollo Económico tratará el tema. jmf

Con 100 votos a favor se aprobó ley del sector bursátil.

El pleno de la Asamblea aprobó ayer, con 100 votos a favor, el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, enviada por el Ejecutivo. La normativa reforma nueve leyes relativas al mercado de valores.

Galo Borja, presidente de la Comisión de Régimen Económico, que trató la ley, destacó que se simplifican trámites ante la administración pública.

El legislador agregó que para lograr este objetivo se crea la Junta de Regulación del Mercado de Valores como un organismo de derecho público perteneciente a la Función Ejecutiva y que se encargará de establecer la política pública del mercado de valores.

La junta estará integrada por tres miembros: un representante de los ministros encargados de la Política Económica, quien la preside; el encargado de la Política de la Producción, y un delegado del presidente de la República.

Los superintendentes de Compañías y Valores, de Bancos, y del Sistema Financiero Popular y Solidario serán parte, pero sin voto.

En el cuerpo legal se incorporan reglas de participación en los procesos, así como obligaciones de los funcionarios públicos. Se exceptúa a la bolsa pública de ser accionista de la compañía anónima proveedora y administradora del sistema único bursátil.

La Junta de Regulación del Mercado de Valores determinará la forma de interconexión que utilice la bolsa de valores pública con el Sistema Único Bursátil.

Asamblea aprueba ley que regula el mercado bursátil.

Con el objetivo de impulsar el desarrollo integral del mercado de valores para beneficiar a los inversionistas, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil.

La propuesta será enviada en las próximas horas al Ejecutivo para su sanción u objeción, para lo cual tiene 30 días de plazo.

La normativa, que fue iniciativa del presidente de la República, Rafael Correa, determina que el mercado de valores canalizará los recursos financieros hacia las actividades productivas, a través de la negociación de valores en los segmentos bursátil y extrabursátil, creando de esta manera un marco adecuado en beneficio del sector productivo del país, a fin de alcanzar el cambio de matriz productiva que le permita ir a un desarrollo sostenible con oportunidades, no solo para los inversionistas privados, sino también abrir espacios para otros sectores económicos como las micro y pequeñas empresas.

Para lograr este objetivo se crea la Junta de Regulación del Mercado de Valores, como un organismo de derecho público perteneciente a la Función Ejecutiva, que será la encargada de establecer la política pública del mercado de valores y dictar las normas para el funcionamiento y control de dicho mercado en concordancia con lo establecido en la Constitución y los principios y finalidades establecidos en esta ley.

Además, regula la creación y funcionamiento de las casas de valores, calificadoras de riesgos, bolsas de valores, la sociedad proveedora y administradora del sistema único bursátil, los depósitos de compensación y liquidación de valores, las administradoras de fondos y fideicomisos, así como los servicios que estas presten.

Se establecen los requisitos de estandarización, numeración e identificación de los valores. Regula los procesos para la certificación, inscripción y homologación de los operadores de valores bajo criterios de capacitación, conocimiento, profesionalismo, experiencia, ética y actualización.

En el cuerpo legal se incorporan reglas de participación en los procesos, así como obligaciones de los funcionarios públicos; por tanto, se incorpora una excepción para la bolsa pública de ser accionista de la compañía anónima proveedora y administradora del sistema único bursátil, estableciendo con claridad para este caso que la Junta de Regulación del Mercado de Valores determinará la forma de interconexión del sistema bursátil que utilice la bolsa de valores pública, con el Sistema Único Bursátil que proveerá la Sociedad Proveedora y Administradora del Sistema Único Bursátil para las bolsas de valores privadas.

Crea una contrapartida central con el objeto de mitigar los riesgos existentes por incumplimiento de las obligaciones en efectivo y de instrumentos financieros derivados que se negocien en el mercado de valores. Esta contrapartida no cubre los mismos riesgos que ya están cubiertos por el fideicomiso de garantía de compensación y liquidación que se crea en esta ley para el efecto; en consecuencia, la entidad de contraparte central garantizará el cumplimiento de las operaciones bursátiles que no se hubieren compensado aún, particularmente aquellas negociaciones sobre futuros y derivados.

En las reformas a la Ley de Mercado de Valores se incluye la posibilidad de emitir valores mixtos de participación en proyectos inmobiliarios, ya que es necesario que el inversionista que vaya a entregar su dinero se vea atraído  y respaldado en la posibilidad de que reciba una renta fina preestablecida y una renta variable en función de los resultados del proyecto inmobiliario. Por tanto, en el documento se agregan 2 artículos sin número sobre la titularización de proyectos inmobiliarios y de derechos existentes generadores de flujos futuros o de proyectos susceptibles de generar flujos futuros determinables.

La Superintendencia de Compañías y Valores ejercerá las funciones de vigilancia, auditoría, intervención y control del mercado de valores con el propósito de que las actividades de este mercado se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general, y podrá autorizar las ofertas públicas de valores y aprobará el contenido del prospecto.

DatosEl mercado de valores canalizará los recursos financieros hacia las actividades productivas, a través de la negociación de valores en los segmentos bursátil y extrabursátil.Crea una contrapartida central con el objeto de mitigar los riesgos existentes por incumplimiento de las obligaciones en efectivo y de instrumentos financieros derivados que se negocien en el mercado de valores.Regula la creación y funcionamiento de las casas de valores, calificadoras de riesgos, bolsas de valores, la sociedad proveedora y administradora del sistema único bursátil.

Sesión 265 Intervención Asambleísta Ximena Peña.

Sesión 265 Intervención Asambleísta René Yandún.

Sesión 265 Intervención Asambleísta Patricio Donoso.

Sesión 265 Intervención Asambleísta Paola Pabón.

Sesión 265 Intervención Asambleísta Luis Fernando Torres.

Sesión 265 Intervención Asambleísta Juan Carlos Cassineli.

Sesión 265 Intervención Asambleísta José Moncayo.

Sesión 265 Intervención Asambleísta Galo Borja.

Suspendido debate de la Ley Bursátil.

El segundo debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil fue suspendido ayer, tras la petición de Diego Borja (AP), vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, para incorporar las observaciones de casi una decena de asambleístas al informe elaborado por la Comisión.

Borja explicó que en la próxima sesión del pleno de la legislatura, prevista para el 21 de enero, estará listo el informe para su votación.

Una de las observaciones más recurrentes fue la conformación de la Junta de Regulación del Mercado de Valores, que remplazará al actual Consejo de Valores, integrado por cuatro miembros del sector público y tres del privado.

En cambio, el proyecto reduce a tres miembros del Gobierno: ministros de la Política Económica y de la Producción, y un delegado de la Presidencia de la República.

Patricio Donoso (CREO) dijo que si no se cambia este texto no se dará el cambio de matriz productiva porque no se generará la confianza requerida para estimular las inversiones en empresas y sociedades, que es lo que busca esta ley. Se unieron a esta observación los asambleístas José Moncayo (CREO) y René Yandún, del Movimiento Integración Democrática.

Pero Borja, quien fue el ponente del informe, defendió la propuesta: “Todo lo que es sistema financiero son servicios públicos y tienen que ser controlados por el Gobierno”.

Aprobación de Ley Bursátil queda pendiente.

El segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil se suspendió hasta una próxima convocatoria del Pleno, para incorporar algunas observaciones que realizaron los asambleístas al documento.

Luis Fernando Torres (PSC-CREO) manifestó que esta Ley generará un grado de confianza entre los operadores privados, lo que permitirá generar mejores niveles de inversión. Destacó que se establezcan elementos como el que no se podrá embargar los bienes que forman parte de un fideicomiso. “Con la reforma incorporada por la Comisión ni siquiera el Servicio de Rentas Internas o cualquier otra entidad por la vía coactiva podrá ingresar a los bienes que forman parte del fideicomiso”. Sin embargo, manifestó que el texto se puede mejorar.

En cambio, Patricio Donoso (CREO) cuestionó que el ente regulador (la Junta de Regulación del Mercado de Valores) sea integrada únicamente por miembros del Ejecutivo: los dos ministros de Estado encargados de la política económica y un delegado del Presidente. Donoso expresó que se debería incluir al sector privado. Galo Borja (PAIS), vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico y ponente del proyecto, dijo que es deber del Gobierno regular y controlar a las instituciones bursátiles, con lo que justificó la integración de la Junta. (HCR)

Expectativa en mercado bursátil por su nueva ley.

Estabilidad. Eso es lo que espera el mercado de valores luego de que hoy se tramite el segundo debate de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, luego de un año en el que se mantuvo la expectativa por la llegada de la norma.

Mónica Villagómez, presidenta de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), explicó que, si bien la ley no crea mercado, sí genera las condiciones necesarias para que se desarrolle. “Todos los partícipes tendremos que doblegar esfuerzos”, dijo Villagómez al recordar que la falta de una ley creó un cierto temor, con miras a que la ley pudiera causarles dificultades.

Hay varios temas en la ley sobre los cuales la Comisión de lo Económico y Tributario de la Asamblea Nacional no realizó mayores cambios, pese a la intervención de los actores del sector. Si bien hay partes referentes a la normativa constitucional, que no pueden modificarse, hay otras susceptibles de mejoras. Por ejemplo, se mantiene la pretensión de crear una Bolsa Pública en caso de que no se cumpla el objeto de las bolsas de valores. Para Villagómez, éste es un reto para trabajar con la competitividad que se exige para que no se cumpla su creación.

Otros ejemplos

También se plantea la creación de un Registro Especial Bursátil (REB) para que puedan acudir a ese sistema los actores de la economía popular y solidaria en busca de financiamiento. Por otro lado, cambia la autorregulación de los actores del mercado de valores.

Los números del mercado de valores tuvieron algunas bajas, pero, según explicó la directiva de la BVQ, existió un mayor direccionamiento a las inversiones de menor plazo.

Las obligaciones tuvieron un mayor monto en sus negociaciones, pasando de 432 millones de dólares en 2012 a 576 millones hasta diciembre del año pasado.

Los papeles comerciales registraron una ligera baja de 375 millones de dólares negociados en 2012 a 338 millones de dólares en 2013.


53%
de los montos de los valores de renta fija fueron negociados por el sector público.

Ley bursátil, a debate definitivo.

Hoy, a partir de las 09:30, se desarrollará el segundo debate de la Ley para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil en el pleno de la Asamblea. La convocatoria se realiza luego de tres meses de aprobado el informe de segunda instancia en la Comisión de Régimen Económico.

El texto de la nueva ley mantiene las dos Bolsas de Valores existentes (Quito y Guayaquil), pero ahora como sociedades anónimas. Esto, aunque en el texto original se había planteado que ambas se fusionaran y que de lo contrario se crearía una Bolsa Pública.

El capital de dichas sociedades anónimas será suscrito y pagado en su totalidad al momento de su constitución. El monto deberá ser fijado por la Junta de Regulación del Mercado de Valores. La presentación del informe será realizada por el asambleísta Galo Borja.

En otro tema, el asambleísta Juan Carlos Casinelli (AP), presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, indicó que ese organismo legislativo está a la espera de que el Ejecutivo envíe el proyecto de Ley para los deudores de buena fe.

Ayer estaba previsto que se desarrolle una reunión entre Juan Carlos Cassinelli y el superintendente de Bancos, Pedro Solines.

El objetivo era conocer más sobre el proyecto de ley, que ya estaría casi terminado y que debe ser enviado a la Asamblea en los próximos días, informó el asambleísta.

Solución

Ley busca solución de pago para quienes deben dinero a la banca cerrada en 1999.

Propuesta

El BCE propuso cobrar una tasa solo por el capital y eliminar el interés acumulado por mora, pero no fue acogida por los deudores.

USD 42 millones en bonos del Estado ya están en manos de los jubilados.

El 29 de septiembre y el 5 de octubre pasados se realizaron las primeras emisiones de bonos del Estado para pagar a los jubilados del Magisterio. Cada una de estas emisiones fue por USD 21 millones, según confirmaron varias casas de valores que operan en la apertura de las cuentas de los beneficiarios.

Hace unas semanas, el Gobierno decretó que los pagos de las jubilaciones a los servidores públicos sean, en caso de no haber presupuesto, con bonos del Estado, hasta el 100% del valor. Sin embargo, luego ajustó la orden para que los pagos se hagan, por ahora, solo a los miembros del Magisterio que deseen jubilarse voluntariamente.

La lista de beneficiarios fue armándose durante este tiempo. Según el Banco Central, al 22 de octubre pasado se había logrado abrir 8 149 subcuentas en sus balances. Estas subcuentas son necesarias para que los jubilados reciban los recursos de sus bonos. “Los jubilados que tienen subcuentas en el Depósito Centralizado de Valores del Banco Central y que ya registran saldos de valores (bonos), pueden operar inmediatamente en el mercado de valores”, señaló la entidad, vía e-mail.

Y así lo confirma Dora Lastra, presidenta Ejecutiva de Santa Fe Casa de Valores, quien añade que los montos de las emisiones han sido distribuidos entre las distintas casas de valores del país.

Carlos Camacho es uno de los jubilados que ya recibió su pago de USD 47 700, por 28 años de trabajo como profesor en el Colegio Eloy Alfaro. Según él, el monto ya lo tiene registrado en el Banco Central. La casa de valores Santa Fe maneja su cuenta.

“Me entregaron el documento. Es un bono con una tasa del 6,13% y un período de gracia de seis años. En ese tiempo no lo puedo negociar a menos que tenga un castigo, que es casi del 30%. Estos meses pensaré para saber qué hago. No estoy muy satisfecho, sabiendo que una póliza paga entre 6 y 8%, dependiendo del banco”, señala.

Precisamente, la falta de un mercado secundario (donde los inversionistas puedan negociar sus papeles) es un serio problema para el mercado bursátil ecuatoriano.

Pedro Cornejo, presidente de Pro Broker, asegura que, si bien es positivo que los jubilados tengan la oportunidad de negociar sus bonos en el mercado de valores, hay que ver la realidad. “Es fundamental la creación de un fondo de inversión y de un mercado secundario. Para poder negociar deben existir inversionistas que quieran comprar esos papeles. Si voy a invertir en un bono del Estado a 30 años, no voy a querer quedarme con ese papel por 30 años. Deben existir inversionistas que demanden esos papeles y de esa forma se pueda dinamizar el mercado”.

Por ahora, eso no existe. Y prueba de aquello es que de los alrededor de USD 1 300 millones de bonos emitidos este año por el Estado, muy poco ha pasado a manos de inversionistas privados.

Carlos Casares, gerente general de Ecofsa Casa de Valores, cuenta que estos bonos no se han negociado “casi nada” en la Bolsa y la mayor parte de esas emisiones ha sido comprada por las propias entidades estatales. “Apenas la cuarta parte de lo emitido habrá pasado por el mercado de valores. Y del sector real, quienes han comprado, es porque la ley los obliga a comprar estos papeles”.

Se refiere a la resolución del Banco Central, de julio del 2011, que establecía que hasta un 75% de la reserva de las intstituciones financieras se podrá (opcional) constituir con instrumentos financieros emitidos por el Estado.

Katiuska Viteri, gerenta General de Plus Valores, coincide con ello y afirma que de los bonos que Finanzas ha lanzado al mercado este año, con rendimientos entre el 4 y 5%, una parte fue comprada por institcuiones financieras, que los adquieren para cumplir con requerimientos de encaje y liquidez.

En cuanto a los bonos a los jubilados, Plus Valores maneja 800 cuentas, pera hasta el momento ningún jubilado se ha decidido a negociarlo en el mercado.

“El mercado irá reaccionando poco a poco. Como se trata de bonos con restricciones, el jubilado no los puede negociar con instituciones públicas o con entidades financieras. Aunque en este momento los jubilados ya pueden negociarlos, el precio dependería de la oferta y demanda de bonos. Si hay mucha oferta de papeles y poca gente que compre, el precio a pagar será bajo”, dice Viteri.

Por eso, las casas de valores y las Bolsas de Quito y Guayaquil desarrollan talleres de capacitación para que los jubilados usen sus bonos de la mejor manera. Por ahora les recomiendan mantenerlos hasta ver cómo reacciona el mercado.

Pero más allá de eso, tanto Casares como Cornejo señalan que el hecho de que los papeles se negocien directamente entre entidades públicas -facultado por el Código de Finanzas Públicas- ha disminuido las operaciones en bolsa. “Comparadas con el 2009, las negociaciones siguen bajas, estamos en una tercera parte de lo que era. Por eso, no podría decir si los profesores van a querer negociar sus bonos. Más bien, creo que los mantendrán como ahorro y quienes quieran vender, con castigo, será por emergencia”, dice Casares.

Nuevo Código Penal: delitos económicos.

En el proyecto de nuevo código penal se tipifican nuevos delitos económicos como el pánico económico y agiotaje, fraude, etc. Sin embargo, introduce en este tema a delitos que pertenecen al área financiera como la usura, divulgación de información financiera reservada, defraudación bursátil, etc.

El pánico económico, según el art. 305, se define como “La persona que, dentro o fuera del país, publique, difunda o divulgue noticias falsas que causen daño a la economía nacional para alterar los precios de los bienes y servicios con el fin de beneficiar a un sector, mercado o producto específico…”.

En primer lugar, me parece que esta definición ha sido tomada siguiendo la definición de pánico financiero y en ese sentido me parece muy restringida, pues el daño a la economía nacional puede provenir de varios factores, no solo de información falsa.

A nivel interno, el acaparamiento de bienes podría generar una situación de escasez, especulación o crisis de un sector, un aumento de precios, como lo que está sucediendo en Venezuela que, por insuficiencia de oferta (escasa producción nacional o bajo nivel de importaciones) algunos productos de la canasta básica están subiendo de precios. Así podríamos mencionar otros casos. En mi opinión, este concepto debe ser redefinido tomando en consideración criterios técnicos y económicos.

También se agrega como delito el agiotaje, que comúnmente se refiere a especulación financiera o usura. Pero en el nuevo código se lo tipifica como colusión, o sea ponerse de acuerdo para fijar el precio de un bien o título valor; también se establece como delito a quienes no paguen el precio oficial de productos agrícolas; incluyen además a quienes ofrezcan fondos públicos, acciones u obligaciones (título valor) basados en hechos falsos. Expliquemos.

En el primer caso, cuando no existe competencia y predomina el oligopolio (pocas empresas grandes controlan el mercado) hay la posibilidad de que las empresas realicen un acuerdo colusorio implícito para acordar un precio, lo que perjudica al consumidor pues aumentan el precio. También podría darse a la baja, para provocar daño a un competidor que incluso puede llegar hasta convertirse en dumping (precios por debajo del costo).

Tipificar como delito no pagar el precio oficial de un producto agrícola busca frenar la práctica que realizan algunos exportadores de banano y de otros productos que perjudican al productor. Pero también hay que considerar que las importaciones de maíz y soya, justo en el momento de la cosecha nacional, aumentan la oferta y generan abundancia, por lo que el productor se ve obligado, dadas las circunstancias, a vender a un menor precio establecido por el exceso de oferta inducido.

En lo referente al ofrecimiento de acciones u obligaciones de una institución, en base a hechos falsos, cabe señalar que la emisión de títulos valores está regida por la Ley de Mercado de Valores, que establece los requisitos para que se proceda a una oferta pública. Como en todos lados hay avivatos e incautos y es mejor prevenir que lamentar.

Tu Decisión Bursátil

.

Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com